Un derecho que se paga con salud

Selene Rivera & Soudi Jiménez | Hoy LA

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Miembros de la organización Esperanza Community Housing muestran algunas de las plagas que se encontraron dentro de algunos apartamentos del edificio ubicado en la esquina de la Calle 25 y Hobart en el Sur de Los Ángeles.

El crudo historial de la vivienda en el Sur de Los Ángeles, 50 años después de los disturbios de Watts

El polvo en los cuadros y en la alfombra nunca le preocupó a Juana López, tampoco la condición de la pintura de las paredes de su vivienda, a pesar de que su hijo Anthony Pérez, de 7 años, padecía de asma y alergias desde el 2013.

Fue en una consulta médica, cuando el doctor que la atendía le hizo ver la relación entre la enfermedad del pequeño y el entorno que le rodeaba. “No sabía cómo limpiar, ni que productos utilizar”, se excusa la mujer oriunda de Guerrero, México.

El centro asistencial refirió a López con la organización Esperanza Community Housing, ahí le proveyeron un promotor de salud, asesorándole sobre el urgente cambio de alfombra y reparación de las áreas de donde se desprendía la pintura del edificio donde habitaba.

Casos como este llegan con frecuencia a Esperanza, en donde ofrecen desde 1989 ayuda a las familias de escasos recursos que viven en el Sur de Los Ángeles, con énfasis en la vivienda, salud preventiva y defensa de los derechos ciudadanos.

Expertos de la entidad señalan que enfermedades respiratorias como el asma y alergias ocurren por la contaminación de plomo, la que se origina por las condiciones deplorables en las que se encuentran muchos edificios de apartamentos viejos.

“Para detectar el plomo tomamos muestras de pintura, también recolectamos polvo, los que se envían al laboratorio”, indica Marjorie Aparicio, promotora de salud.

A juicio de Gabriela González, gerente del programa Hogares Saludables, en los vecindarios ubicados al sur de la ciudad existe una crisis de vivienda. De hecho, advierte que el 95% de los usuarios de Esperanza rentan inmuebles.

“Nosotros documentamos las condiciones en que viven, les decimos a las familias los derechos que tienen. En algunos casos los dueños los amenazan o les dan cartas de desalojo cuando piden reparaciones en las viviendas”, explica.

Cuando los propietarios de los apartamentos o casas se oponen a las demandas de los inquilinos, los casos son llevados a la corte, destaca González, detallando que en esas situaciones, las personas siempre van acompañadas de personal que conoce los derechos de los arrendadores.

López, por su parte, se vio obligada a mudarse de casa. Fue en ese momento cuando puso en práctica los consejos recibidos en Esperanza Community Housing, revelando que ahora su pequeño Anthony casi no padece de alergias.

“Tuve que tirar los cuadros porque almacenan polvo. Ahora no utilizo químicos para limpiar, yo preparo líquidos naturales a base de vinagre, agua y bicarbonato. Trato de tener todo más higiénico, porque quiero que mi hijo esté bien”, concluye.

Juana López se tuvo que mudar de vivienda porque su hijo Anthony estaba enfermo de asma y el administrador en el edificio donde vivía no hacía caso a sus quejas.

LAS SECUELAS DE UNA REALIDAD QUE NO CAMBIA

Los antecedentes de la zona donde vive López son devastadores según la organización Strategic Actions for a Just Economy (SAGE), que se encarga de que los vecindarios cumplan con los requisitos mínimos para poder vivir sanamente. Ellos indicaron que cada año cerca de 48 mil personas se enferman por las condiciones insalubres en las que viven en el área.

Entre los malestares más frecuentes están las erupciones en la piel, picaduras de cucarachas y ratas, plomo en la sangre, infecciones por hongos, resfriados crónicos, síntomas respiratorios, dolores de garganta, sinusitis, asma, infecciones de oído e infecciones por estafilococos.

“Mucho de esto ocurre porque los inquilinos no conocen sus derechos, no saben donde pedir ayuda y muchos de ellos piden poco por miedo a que les suban la renta o los amenacen con sacarlos de las propiedades en las que pagan rentas de 500 a 600 dólares”, dice Nery Cividanis, especialista en educación comunitaria de SAGE.

Una encuesta de 2010 que se realizó entre 140 inquilinos en el sur de Los Ángeles, encontró que el 75% informó que tenía cucarachas, el 40% tenía ratas o ratones, y el 44% informó sobre la falta de agua corriente durante más de 6 horas al día. Asimismo, el 47% vivía en casas donde la pintura se estaba descarapelando, el 49% sufría síntomas alérgicos crónicos, el 25% reportó sufrir asma, y otro 15% reportó intoxicación por plomo.

“Esto es algo que nosotros vemos a diario. La gente viene o nos llama preguntado por ayuda. Pero lo que estamos viendo es que con la nueva construcción de apartamentos, muchos arrendadores están utilizando la técnica de dejar sus edificios en el descuido a propósito, para que la gente se salga y ellos poder vender estas propiedades”, dice Cividanis.

“Estamos hablando de unidades de hasta con 100 años de antigüedad con problemas de plomería, plagas y alfombras con más de 20 años de haberse instalado. Ahí viven niños, ancianos y personas enfermas”, agrega la especialista.

Cada tres años, los departamentos de salubridad y vivienda llegan a revisar los edificios. Sin embargo, “los arrendadores tienen una semanas de anticipación para parchar los problemas”, indica Cividanis.

Para Susie Meekins, quien ha vivido 66 años en Watts, estos números no son novedad. “Desde 1948 que he vivido aquí puedo decir que no ha habido muchos cambios. Las necesidades no sólo se limitan a la propiedad sino a la infraestructura de los vecindarios con la falta de parques, semáforos, banquetas niveladas, y la limpieza de callejones repletos de basura”, dice la activista afroamericana.

“Después de los disturbios de 1965 por aquí han pasado cinco alcaldes, cinco concejales y cuatro gerentes de proyectos comunitarios, pero no se ha hecho nada para mejorar la comunidad en general”, señala Meekins.

La activista afirma que a la zona sur, especialmente Watts, las autoridades le realizan trabajos que saca del apuro a la gente, pero no arregla el problema de fondo, aunque de esa forma, consigue que los residentes no se quejen de las condiciones de vivienda o de la infraestructura del vecindario.

“La gente se queja, nadie le hace caso y finalmente se cansa. El gobierno local no sale de sus oficinas para ver las condiciones de los vecindarios y no hace nada”, sostiene Meekins. “Nada de esto va a cambiar si el gobierno no se ‘arremanga las manos’ y hace el trabajo que le corresponde”, agrega.

En el presente, el costo total para remediar las condiciones de las viviendas en deterioro en la ciudad de Los Ángeles costaría más de 400 millones de dólares, según la organización.

Actualmente, existen alrededor de 5 mil a 12 mil viviendas en malas condiciones para vivir en la ciudad de Los Ángeles, lo que afecta a unas 40 mil personas, y el promedio del dinero requerido para arreglar los problemas de tan sólo una vivienda son 40 mil dólares.

Por su parte, los arrendatarios angelinos pierden hasta 10 millones de dólares al año en daños a la propiedad por la presencia de las cucarachas y otro tipo de plagas así como una plomería en mal estado, según SAGE.

Residentes del Sur de Los Ángeles reciben entrenamiento para ser promotoras de salud en la organización Esperanza Community Housing.

UNA DESIGUALDAD QUE HA PERMANECIDO POR MÁS DE MEDIO SIGLO

Los expertos afirman que el historial de violencia y la segregación en el Sur de Los Ángeles ha conducido a profundas desigualdades de recursos de vivienda, salud y justicia ambiental en el área. Hasta 1920, este lugar fue una zona deseable para vivir, hasta que gradualmente los habitantes adinerados se trasladaron a la zona oeste. Bajo convenios racialmente restrictivos, se les permitió a los afroamericanos obtener propiedad dentro de las zonas de Slauson, Alameda y Washington y Watts llegando así más gente de la clase media durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Luego de que 1948 se prohibiera la aplicación de los convenios raciales, más afroamericanos empezaron a poblar las zona sur y la violencia entre la raza blanca empezó a escalar.

La técnica “demoledora o blackbusting”, aceleró también el crecimiento de la minoría. Aquí los vendedores inmobiliarios compraban una casa en una calle de blancos, luego vendían o alquilaban la propiedad a una familia de color. Así, este vendedor tenía oportunidad de comprar el resto de las casas de la calle a precios mucho más bajos para venderlas a más minorías.

Cuando la tensión racial llegó a su curva más alta, en 1965 surgieron los cinco días de disturbios que pusieron a Watts en el mapa y dejaron 34 muertos, más de mil heridos, cerca de cuatro mil arrestos y unos 40 millones de daños, lo que dejo al sur de la ciudad con la peor reputación en violencia y con más escasez de empleo, vivienda accesible y edificios viejos.

Con dichas condiciones y ante ese panorama, años después poco a poco empezaba a llegar una nueva comunidad que venía del sur de la frontera, con un idioma diferente y sin muchas exigencias, rentaban algunos de los departamentos y edificios que hoy siguen vigentes.

Para el 2010 el censo de población revelaba una población de 520,461 habitantes, ahora el 55% latinos y el 45% afroamericanos. Cabe recordar, que en sur, el 65% de los residentes vive debajo del nivel de pobreza.

LO QUE DEBE DE SABER LA GENTE

  • Si vive en una casa que fue construida antes de 1978 hay riesgo de plomo, especialmente si hay señales de desprendimiento de pintura.
  • La alimentación alta en hierro, calcio y vitamina C ayuda a bajar el nivel de plomo.
  • Para evitar contaminantes empiece por tirar las sobras de comida después de comer, lavar los platos y recoger la basura todos los días.
  • Todo inquilino tiene derecho a pedir al administrador o propietario de apartamentos que desinfecte y repare las viviendas en caso de la presencia de contaminantes.
  • El estatus legal no importa a la hora de denunciar las malas condiciones de vivienda.

Esta historia también apareció en Hoy LA.